Asociación Democracia Real Ya

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OBJETIVO FUNDAMENTAL: PROCESO CONSTITUYENTE.

Programa desarrollado y objetivos políticos[editar]

Las reformas iniciales en la transición serían las siguientes.[1]

Sobre Política y Sociedad[editar]

I. Sistema político[editar]

  1. Eliminación de los privilegios de la clase política,
    1. Prohibir la fijación arbitraria de sueldos, pensiones vitalicias, dietas injustificadas y demás bonificaciones extraordinarias que puedan recibir los políticos. Su retribución se graduará en función de sus responsabilidades y de la mediana salarial nacional.
    2. Limitar la acumulación de sueldos y establecimiento de un férreo control del absentismo y sobre los cargos de libre designación..
    3. Reforzar la ley de incompatibilidades para acabar con la “puerta giratoria” entre el sector privado y el público.
    4. Reformar la financiación de partidos, reduciendo las partidas y repartiéndolas más equitativamente entre todas las formaciones. La banca privada no podrá financiar partidos.
    5. Campañas electorales austeras. Eliminación de las cuelgas de carteles y estandarización de la propaganda electoral. Más información y menos marketing.
    6. Inhabilitación de cargos imputados o condenados por casos de corrupción.[2]
  2. Separación de poderes efectiva.
    1. Independencia judicial. Despolitizar del Consejo General del Poder Judicial y eliminar la influencia de las altamente politizadas asociaciones de jueces actuales. Controlar también los gastos excesivos del CGPJ.
    2. División real entre el poder ejecutivo y legislativo diferenciando sus mecanismos de elección.
    3. Independizar los medios de información de los intereses políticos para garantizar la máxima objetividad y neutralidad a través de la creación de agencias o comités independientes y externos de evaluación que eviten el sesgo ideológico y que actúen a modo de quinto poder balanceando el impacto de los medios.
    4. Trasladar a distintas ciudades los órganos y la administración de cada uno de los poderes de forma simbólica, con el fin de ejemplificar dicha separación.
  3. Reforma íntegra del modelo parlamentario y del sistema electoral.
    1. Desarrollar e implementar un modelo más representativo y proporcional sin perjuicio de la gobernabilidad y en el que no se discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social.
    2. Reformar las cámaras legislativas, congreso y senado, con objeto de recuperar sus funciones deliberativas, de contrapeso de poderes y representación de los intereses territoriales efectivos.
    3. Reformar y adaptar la figura de la jefatura del estado.[3]
  4. Libertades ciudadanas y democracia participativa, como la reducción del número de firmas necesarias para llevar adelante una iniciativa legislativa popular (ILP).
    1. Facilitar y promover la participación ciudadana mediante la implantación de sistemas de información y voto electrónico.
    2. Reducir del número de firmas necesarias para llevar adelante una iniciativa legislativa popular (ILP) incrementando así la interacción entre el pueblo y sus representantes.
    3. Generalizar el mecanismo del referéndum para decidir sobre las cuestiones de mayor calado e interés general o sobre las ILPs que sean aceptadas.
    4. Promover la autentificación digital mediante DNIe y facilitar los medios a todos los ciudadanos para que puedan efectuarla.[4]
  5. Transformación de los mecanismos de acceso a la vida política: transición de la “democracia representativa de partidos” a la “democracia representativa de la Sociedad Civil y la gestión técnica”. Conversión paulatina de la vida política basada en partidos hacia cámaras de decisión del Estado compuestos por gestores técnicos independientes y representantes de los organismos que componen la Sociedad Civil.
    1. Sustitución progresiva de los cargos políticos procedentes de partidos por representantes de la sociedad civil y la vida pública, previa democratización absoluta de los propios órganos civiles y colegios profesionales.
    2. Diseño de leyes en función de criterios objetivos mediante gestores técnicos independientes, provenientes de concurso de oposiciones y con mecanismos que faciliten las posibilidades de la inteligencia colectiva con la comunidad científica.
    3. Democracia semi-directa (incluyendo referendo, derogación e Iniciativa Legislativa Popular) sobre todas las posibilidades técnicamente posibles en cada aspecto relacionado con la vida pública. (Léase punto 6)
  6. Mecanismos de control ciudadano e implementación de herramientas telemáticas de democracia participativa y deliberativa para la exigencia efectiva de responsabilidad política a los cargos de gestión pública, la posible implantación de algunas de las siguientes mejoras democráticas tales como:
    1. Obligatoriedad de sometimiento a referéndum popular de las principales Leyes Orgánicas, reformas constitucionales y directivas exigidas por órganos supranacionales.
    2. Establecimiento de Ley de Referéndums nacionales, tanto consultivos como vinculantes, ampliando las materias que pueden ser objeto del mismo, modificando las mayorías necesarias para su convocatoria y aprobación.
    3. Listas desbloqueadas, abiertas en todo proceso democrático.
    4. Posibilidad de incorporar voto sustractivo consistente en permitir el voto en sentido negativo en contraposición con el clásico voto aditivo dando la posibilidad de votar en contra de un candidato, no solo a favor.
    5. El voto en blanco computable consistente en dejar los escaños vacíos en proporción al número de electores que votaron en blanco.
    6. Comisiones técnicas de evaluación que analicen el desempeño de los gestores públicos así como el cumplimiento total o parcial de sus propuestas electorales.
    7. Debates políticos periódicos y obligatorios con interacción del público. El moderador será un experto en dialéctica que se encargará de evitar y sancionar el uso de falacias y evasivas.
    8. Derecho a la información. Obligatoriedad de la respuesta en las conferencias de prensa debiendo contestar, sin evasivas, un mínimo de 10 preguntas de al menos 5 medios distintos si los hubiere.[5]
  7. Ley de transparencia. Impulsar una ley de transparencia, de estilo escandinavo, que obligue a los altos cargos de la administración a publicar sus patrimonios y también bases imponibles, así como a la publicación de todos los gastos e ingresos de la administración.

II. Sociedad y servicios públicos[editar]

  1. Servicios públicos de calidad y garantías sociales. Freno a los recortes.
    1. Garantizar y mantener una sanidad y educación públicas accesibles y de prestigio internacional poniendo fin a los recortes en dichos sectores.
    2. Libros de texto electrónicos. Licencias pagadas por los colegios y tabletas lectoras ofrecidas bajo fianza.
    3. Recuperar competencias sanitarias a nivel estatal para mejorar la eficiencia del sistema y la plena cobertura en todo el estado evitando duplicar gastos. Reimplantación del distrito y tarjeta sanitarias únicas.
    4. Regulación más firme en los mercados del agua, de la energía y de las telecomunicaciones garantizando el acceso a la información mediante un ancho de banda mínimo y gratuito para todos los ciudadanos.
  2. Redimensionamiento de la administración pública.
    1. Eliminación de duplicidades administrativas, limitando el número de niveles al óptimo, respetando las diferencias regionales y defendiendo todas ellas en su conjunto. Al respecto se fomentaría la unicidad de criterios en la gestión sanitaria, transportes, energía y telecomunicaciones y la solidaridad interregional. [6]
    2. Establecimiento de fondos comunes para los servicios sociales básicos y devolución de las competencias fiscales al Gobierno Central en determinadas materias, especialmente aquellas que resulten imprescindibles para poder establecer Planes de Estabilización económica en periodos críticos.
    3. Aplicación de programas de incentivos para la retribución del funcionariado, promoción y carrera dentro del sector público a fin de minimizar la ineficiencia achacada usualmente a este sector.
  3. Recuperación de la gestión pública sobre sectores y servicios públicos estratégicos sumando las participaciones en empresas obtenidas a partir de las intervenciones bancarias a las que ya posee la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales) y realizando compras estratégicas a mercado cuando sea menester. (Véase sección de Economía, apartado I).
  4. Aumento de la cobertura de la Seguridad Social y reducción de las listas de espera.
    1. Mejorar la cobertura pública en odontología, oftalmología y planificación familiar.
    2. Regulación del intrusismo de la medicina estética y ocular para que sus beneficios sirvan para cubrir parte de los gastos de la Seguridad Social favoreciendo así al sector público y al consumidor que podrá fiarse de que los diagnósticos se hacen sin incentivos económicos por parte de los médicos que cobran un sueldo fijo y no en función de cada operación.
  5. Reducción del coste de matrícula en toda la educación universitaria, equiparando el precio de los posgrados al de los grados.
    1. Equiparar el precio de los posgrados al de los grados.
    2. Aumentar las becas y ayudas a los estudiantes sin recursos para garantizar el máximo nivel de formación posible y la igualdad de oportunidades.
    3. Universidad abierta en Internet. Iniciativa que busca potenciar la documentación en vídeo de las clases universitarias y subirlas a Internet junto con el material utilizado, para que cualquier estudiante pueda visionarlas en cualquier momento y desde cualquier lugar, agilizando así el proceso de estudio y aprendizaje.
  6. Financiación pública de la investigación que garantice su desarrollo independiente.
    1. Reforma del CSIC para hacerlo más independiente y flexible haciendo que la investigación y la financiación estén ligadas a la excelencia.
    2. Constitución de grandes proyectos de investigación a escala nacional que sirvan para atraer especialistas y para crear institutos modernos en sus respectivos campos. Todo con el objetivo de originar la sinergia necesaria para que la producción científica y de alta tecnología dé frutos para el país.
  7. Transporte público accesible y ecológico.
    1. Mientras dure la crisis se congelarán las subidas de tarifas en el transporte público y si es posible se rebajarán con el objetivo, no solo de hacerlo más accesible, sino de favorecer su uso en detrimento del transporte privado.
    2. Se abaratará el AVE allí donde se hayan eliminado los trenes más baratos o se recuperarán estos últimos según criterios de rentabilidad y eficiencia.
  8. Red de Telecomunicaciones estatal.
    1. Acceso a internet universal y gratuito a través de una cobertura Wifi de largo alcance con señal en todo el territorio.
    2. Al igual que la Red Eléctrica, la Red Telefónica tanto de repetidores móviles como la Red Telefónica Básica y la Fibra Óptica deberá ser gestionada de forma pública y tratando de cumplir con el derecho a la cobertura mínima en todo el territorio nacional.
    3. Cualquier operador privado que quiera usar dicha red tendrá que pagar una tasa al estado por su uso como ya pasa con las eléctricas y Red Eléctrica Española.
    4. Fin de la multiplicidad de redes y del derroche de recursos que supone mantener varias redes de cobertura distintas y superpuestas primando así el ahorro de costes y una cobertura más amplia en todo el territorio nacional.
  9. Libertad de información.
    1. Oposición frontal a las legislaciones internacionales que ponen en peligro el libre intercambio de información como la PIPA/SOPA y ACTA.
    2. Transformación de España en un puerto franco para el periodismo de investigación libre.
    3. Anulación de todos los decretos que reflejen los acuerdos en el territorio español sobre este tipo de normas “mordaza” como la Ley Sinde promovida por la SGAE.
  10. Medios de comunicación independientes, onde entre cosas, se establecerá un conjunto de criterios (código deontológico) similar al de la BBC al que deberán ceñirse todos los medios de información que tengan concesiones de emisión o publicación en territorio nacional, ya sean públicos o privados. Por otro lado, una ley de propiedad de medios limitará el porcentaje máximo de participaciones que una empresa pueda poseer de un medio para evitar que este quede supeditado a sus intereses tanto publicitarios como de sesgo informativo.
    1. Se establecerá un conjunto de criterios (código deontológico) similar al de la BBC al que deberán ceñirse todos los medios de información que tengan concesiones de publicación o emisión en territorio nacional, sean públicos o privados. Quedando exentos los medios que no den noticias. El derecho a la información prevalecerá siempre por encima de la libertad de expresión que no deberá ser nunca entendida como libertad de manipulación.
    2. Una comisión de verificación, formada por colegiados de periodismo sorteados anualmente, será la encargada de velar su cumplimiento y de atender las posibles denuncias de manipulación. Si el consejo percibe clara manipulación informativa esta deberá ser compensada con una noticia que ocupe idéntico espacio y duración informando de la manipulación realizada y de la noticia real si la hubiere. En caso de negación, la vía judicial resolverá pudiendo aplicarse sanciones más severas, que en los casos más graves y reincidentes podrían conducir a la revisión de sus concesiones.
    3. Una ley de propiedad de medios limitará el porcentaje máximo de participaciones que una empresa pueda poseer de un medio para evitar que este quede supeditado a sus intereses tanto publicitarios como de sesgo informativo.
    4. Se velará por la pluralidad informativa y la independencia periodística poniendo especial celo en la televisión y la prensa y en una ley de concesiones que así la garantice.
    5. La comisión de verificación analizará las noticias e informaciones emitidas en los canales y medios de masas a fin de garantizar la no intoxicación con información falsa o manipulada. Entre sus funciones estará la evaluación y emisión de un certificado de calidad del contenido.
  11. Tarificación universal y transparente en los servicios públicos.
    1. Legislación transparente que erradique el vigente caos tarifario en las eléctricas y las telecomunicaciones, que actualmente impide la comparación entre ofertas distintas y favorece la manipulación por parte de los grandes proveedores en detrimento del interés del consumidor final.
    2. Prohibir la arbitrariedad y el secretismo en los descuentos. Toda la política de precios y tarifas deberá ser transparente y sencilla de entender y cualquier opacidad será sancionada.
  12. Acortar el tiempo de demora en los pagos de la administración realizándolos a través de la nueva banca pública.
  13. Rebajar el código penal primando la proporcionalidad en las penas y los trabajos sociales por encima de las penas de cárcel. Se restablecerán mecanismos de rebaja de condena y se potenciará la reinserción social en las prisiones. Esta reforma tendrá como objetivo reducir el coste del sistema penitenciario. Anular todos los endurecimientos penales hechos al calor de la llamada “alarma social”.

III. Relaciones exteriores, soberanía, gasto militar y derechos de las Fuerzas Armadas[editar]

  1. Estado fuerte y soberano frente a los poderes supranacionales.
    1. Recuperar la soberanía por parte del Estado, especialmente en lo referente a la economía y la alimentación.
    2. Restablecer la capacidad de decisión perdida en el proceso de globalización e integración en entes transnacionales y minimizar la indefensión de la ciudadanía.
  2. Transformación del modelo de integración político-económica con Europa.
    1. Desarrollar un sistema de jurisdicciones competenciales, superpuestas y funcionales que mantenga la cooperación entre estados europeos en las áreas en las que la escala comunitaria sea óptima (ambiental)
    2. Promover la descentralización en aquellas áreas en las que resulte más eficiente (monetaria), de forma que se habilite el fortalecimiento y la autogestión eficiente dentro de cada uno de los estados.
    3. Desarrollo de una política económica de industrialización por sustitución de importaciones a través de: a) el establecimiento de acuerdos con la UE y de tipo bilateral, que pongan fin a la política de libre comercio no supervisada en economías en las que no se respetan los derechos humanos y del trabajador y b) de la interacción con un sistema bancario público que fomente el crédito a sectores clave.
    4. Desarrollar las bases de una futura Confederación Europea, líder en el panorama internacional y establecida en un marco absolutamente democrático, tras el fortalecimiento del Estado español, su reindustrialización y creación de un tejido productivo básico. [7]
    5. Estudiar una re-integración dentro de un nuevo marco priorizando el iberismo y el federalismo mediterráneo como vías para alcanzar una pronta solidaridad interregional y cierta autosuficiencia comercial, energética y alimentaria. [8]
  3. Revisión de todos los acuerdos que limiten nuestra soberanía nacional.
    1. Renegociar y revisar, vía referéndum, los acuerdos con la OTAN, la OMC y la UE en aquellas cuestiones que limiten la soberanía nacional o restrinjan la capacidad de decisión interna, así como para los casos en que organismos no democráticos, como el FMI o el Consejo Europeo, planteen la intervención en cuestiones de interés general.
    2. Promover consultas sobre la permanencia en la zona euro y sobre la posibilidad de renegociación de los plazos e intereses de la deuda, como parte de un plan de contingencia ante un posible “default” (quiebra) así como auditar su componente ilegítimo.
    3. Hacer especial hincapié en la negativa a cumplir el artículo 104 del Tratado de Maastrich que pone a los estados a merced de la gran banca privada.[9]
  4. Revisión de los gastos en defensa y garantías sociales para las Fuerzas Armadas y demás trabajadores dependientes del Ministerio de Defensa, con acciones entre otras como hacer obligatoria la consulta ciudadana para poder intervenir con el ejército español en cualquier guerra o zona de conflicto extranjera.
    1. Hacer obligatoria la consulta ciudadana para poder intervenir con el ejército español en cualquier guerra o zona de conflicto extranjera.
    2. Reducción del gasto militar en actividades no productivas y en la compra de armamento, destinando parte del presupuesto ahorrado en aquellas medidas que permitan a los militares disfrutar del bienestar social que merece cualquier ciudadano.[10]
    3. Analizar la posibilidad de usar a las fuerzas armadas y a sus cuerpos de ingenieros a modo de cuerpo polivalente para labores de construcción y reparación de infraestructuras.
    4. Reconocimiento de los militares como auténticos ciudadanos con derechos y con necesidades de carácter social, familiar y personal, de reconocimiento de unos salarios justos, para lo cual se garantizarán los siguientes derechos:
      1. Derecho a la libre organización y participación en sindicatos específicos para defender sus intereses profesionales.
      2. Derecho a negociación colectiva y huelga, con una reglamentación donde se recogerán sus limitaciones solamente aplicables por motivos de seguridad.
      3. Derecho a una auténtica Justicia. Fin de las penas privativas de libertad sin la tutela efectiva de un juez.
      4. Derecho de manifestación sin ningún tipo de restricciones.
      5. Derecho a la libertad política, pudiendo participar libremente en los partidos y sus actividades como unos ciudadanos más.
      6. Derecho a la libertad de expresión, limitado por motivos de seguridad al hablar de asuntos relativos al servicio o por circunstancias extraordinarias.
      7. Derecho a la democracia. Desaparición de las preconstitucionales Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.
      8. Derecho a una carrera digna. Fin de los contratos temporales para la escala de Tropa y militares de Complemento.

Sobre Economía[editar]

I. Banca y finanzas[editar]

  1. Exigencias firmes de capital propio mínimo para todos los actores financieros privados en lugar de las inútiles normas de Basilea, en aras de la seguridad y la transparencia. Ampliación de los coeficientes de caja. Analizar a través de un contra-factual de la historia económica de España, la contribución del coeficiente de caja en la inflación y la propagación de deuda.
  2. Regulación estricta de los derivados, los productos tóxicos y la ingeniería financiera.[11]
    1. Poner coto a las operaciones bajistas al descubierto y a la negociación de CDS por parte de agentes que no posean el subyacente.
    2. Limitación del nivel de apalancamiento por ley así como del uso de productos exóticos y estructurados por parte de la banca que puedan resultar engañosos para sus clientes o fomentar la especulación.
    3. Cancelación de las emisiones de preferentes y subordinadas emitidas por la banca que permita la devolución de los ahorros a los afectados sin penalización del principal.
  3. Creación de una banca pública nacional con vocación social, que facilite una alternativa a las entidades privadas e impulse la re-industrialización y el tejido productivo del país. Para ello,se utilizará en primera instancia a las cajas y bancos intervenidos junto con el ICO (Instituto de Crédito Oficial).[12]
  4. Nacionalización inmediata de aquellas entidades financieras intervenidas o rescatadas por algún organismo público. Todos sus activos físicos pasarán a formar parte de la nueva banca pública. La SEPI gestionará las participaciones en empresas nacionales heredadas de las absorciones.
  5. Creación de una agencia pública de calificación y evaluación de riesgos, ratings y otros elementos actuariales para su posterior integración en el seno de la UE.
  6. Implantación de un coeficiente de inversión en economía real para lograr de forma efectiva la función social del crédito de las entidades bancarias privadas, que sea proporcional al dinero recibido a través del Banco Central junto a los beneficios obtenidos de la compra de bonos soberanos.
  7. Separación efectiva de banca comercial y banca de inversión y regulación del modelo de negocio y regulación del modelo de negocio, siguiendo un sistema similar al de la ley americana de Glass-Steagall de 1932.[13]
  8. Auditorías externas obligatorias por parte del Estado a las compañías cuya marcha repercuta en la renta variable, fondos de inversión indexados al IBEX o planes de pensiones, con el fin de lograr transparencia y conocer su valor real.
    1. Obligación para todas las empresas que coticen en bolsa de publicar un informe anual sobre el impacto social y medioambiental de sus actividades bajo pena de sanciones, hoy inexistentes.
    2. Establecer y publicar las cuentas de las empresas, y publicar registros completos de los accionistas significativos para así reforzar la cooperación judicial y fiscal, luchar contra la corrupción y sancionar a los Estados y a las empresas que no colaboren.
  9. Exigencia de responsabilidades penales y patrimoniales a los causantes de la crisis. Interponer demandas contra los responsables políticos y económicos del período 1998-2008 de la actual crisis económica.
    1. Demandas contra los responsables políticos y económicos del período 1998 -2008 así como de los respectivos gestores del Banco de España que imprudentemente minimizaron o no hicieron nada para impedir que la burbuja inmobiliaria incrementase el precio de la vivienda de forma desmedida.
    2. Investigación de todos los bonus y sueldos extraordinarios asignados a los altos directivos de bancos y cajas otorgados antes y durante la crisis.
    3. Investigación de cualquier posible relación entre políticos y beneficios millonarios procedentes del sector de la construcción y el turismo.
    4. Siguiendo el ejemplo islandés, se exigirán reparaciones económicas y penales a los que sean hallados culpables.[14]
  10. Desarrollo y profundización del pago en su modalidad electrónica.
    1. Reducción del dinero metálico en circulación, especialmente de los billetes de mayor cuantía que son una bolsa de dinero negro y economía sumergida.
    2. Crear un mecanismo de pago electrónico avalado por los bancos centrales y libre de comisiones que permita un mayor control del fraude fiscal y la emisión o destrucción de moneda de forma rápida y barata. Esta mejora revertiría en una mejor modelización macroeconómica.
    3. Fomentar la virtualización del dinero y la eliminación de su soporte físico a largo plazo lo que permitiría una política monetaria al servicio de las personas, rompiendo con la cota 0 del tipo de interés nominal.[15]
  11. Desarrollo de redes de financiación para nuevas empresas mediante incentivos fiscales a gestoras de capital riesgo y business angels,a fin de estimular la creación de valor añadido en un mercado interno dinámico capaz de llevar más allá la frontera tecnológico con proyectos innovadores.[16]
  12. Limitación de tamaño para los prestadores e intermediarios de servicios financieros, limitando su poder de mercado e imposibilitando el chantaje a los estados.

II. Política fiscal[editar]

SU OBJETIVO PRINCIPAL SERÁ INCREMENTAR LOS INGRESOS FISCALES MEDIANTE LA PROFUNDIZACIÓN EN LA PROGRESIVIDAD DEL SISTEMA FISCAL, LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y CONTRA LA ESPECULACIÓN FINANCIERA. TODO ELLO, ADECUANDO SIEMPRE DICHOS INGRESOS A LAS NECESIDADES SOCIALES. SE DA QUE SOMOS UNO DE LOS PAISES DE LA UE CON MENOR PRESIÓN FISCAL PERO CON MAYOR ESFUERZO FISCAL. UNO DE LOS OBJETIVOS DE LAS PRESENTES MEDIDAS DEBRÍA SER INVERTIR ESA SITUACIÓN.

  1. Impuesto sobre las transacciones financieras que penalice la especulación.
    1. Impuesto a la compra venta de acciones y bonos. (~0,05% sobre el total)
    2. Como alternativa se podría tratar de recuperar el control público de las plataformas de intermediación bursátil, BME en el caso español, para así poder ingresar los beneficios procedentes de las comisiones de corretaje y liquidación.
    3. Impuesto a los traspasos de fondos con un mínimo exento anual de unos 100.000€. [17]
  2. Tolerancia cero en la lucha contra el fraude fiscal intensificando su persecución.
    1. Centrar el objetivo de la campaña en el fraude reportado por grandes empresas y grandes patrimonios que es donde se concentran las principales bolsas de fraude del país.
    2. Incremento de las capacidades del departamento de inspectores de hacienda dotándoles con más y mejores medios, tanto humanos como técnicos, así como de la legislación oportuna para que puedan realizar su trabajo con eficacia y rapidez..
    3. Eliminación de las lagunas legales como las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable), las ETVE (Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros) o los paraísos fiscales.
    4. Suprimir la prescripción de los delitos de fraude de gran cuantía.
    5. Nueva legislación que haga aflorar la economía sumergida estableciendo nuevas regulaciones sobre aquellos sectores que muevan más dinero negro. En concreto, el país debería dotarse de normativas concretas en relación a las drogas, el juego y la prostitución con el fin de controlar y aplicar impuestos especiales a dichos sectores. Se reducirían, así, los costes carcelarios y permitiría centrar el esfuerzo policial en los delitos de fraude y actividades mafiosas realmente importantes.
    6. Lucha contra la facturación en negro aplicando severas multas a quienes incurran en dicha falta.
    7. Limitar los pagos en metálico a un máximo de unos 300€ obligando a que los importes superiores a esa cifra deban pagarse electrónicamente o con cheques barrados.
    8. Retirar de la circulación los billetes grandes de 500€ a 100€.
    9. Persecución de la fuga de capitales, especialmente si va dirigida hacia paraísos fiscales.
    10. Nulidad, con efecto retroactivo, de la amnistía fiscal promulgada por el PP en 2012.
  3. Mayor progresividad fiscal en el IRPF de las rentas del trabajo y del capital.
    1. Aumentar el número de tramos en el IRPF y de los tipos máximos. Actualmente el tramo más elevado para rentas del trabajo es de un 52% para las ganancias superiores a 300.000€ y para las rentas del ahorro de un 24% para las ganancias superiores a los 24.000€. Con tramos más altos se podría acotar por arriba fiscalmente todas las rentas y salarios haciendo que las grandes fortunas contribuyesen más sin que ello repercuta en el pequeño contribuyente.
    2. Mayor equiparación entre el IRPF de las rentas del capital (ahorro) con el de las rentas del trabajo tanto en tipos como en tramos para que no salga mucho más beneficiado fiscalmente el rentista que el trabajador. En este caso, para no penalizar al pequeño ahorrador se pueden preservar tipos bajos en los tramos inferiores pero ser mucho más implacable en los tramos altos, solo alcanzables por los grandes patrimonios. Esta medida, penalizaría las operaciones especulativas con viviendas, por ejemplo, y podría servir para substituir, además, al recién restaurado impuesto sobre el patrimonio que podría ser eliminado de nuevo.[18]
  4. Subir los tipos del IBI aplicado sobre las viviendas vacías y segundas residencias. Con esta medida se fomentaría la oferta de alquiler y venta, con lo que se contribuiría a acelerar el ajuste de precios y a facilitar el acceso a la vivienda.
  5. Revisión de las exenciones en el IBI para las asociaciones declaradas de utilidad pública, los colegios privados y los espacios dedicados al culto.
  6. Ecotasa social fronteriza basada en un sistema de «kilómetros de carbono», calculada sobre la base de las emisiones de carbono que provoca el transporte.
    1. España deberá reforzar la responsabilidad social y ecológica de las empresas.
    2. Las multinacionales europeas que tienen deslocalizadas sus unidades de producción a países de bajos salarios deben ser consideradas responsables de los daños medioambientales y sociales imputables a sus filiales y a sus subcontratistas.
    3. Revertir las sumas obtenidas en la frontera a un Fondo de adaptación europeo previsto por el Protocolo de Kyoto. Dicho fondo permitiría la conversión ecológica de las industrias del sur y obligaría al norte a transferir tecnología.[19]
  7. Implantación de una ecotasa turística, para que el principal sector de la economía española contribuya más a la recuperación económica ayudando también a la reconversión del modelo productivo del país. El dinero recaudado ayudaría en la transición desde un país de servicios hacia uno basado en el desarrollo científico y la industria puntera.
  8. Eliminar el copago en la sanidad y la justicia allí donde se haya implantado. Las medidas de copago fomentan la desigualdad pero además generan innecesarios costes de fricción al tener que recaudar dinero en lugares donde antes no se hacía lo que incrementa los costes burocráticos y del personal necesario para dicha tarea.
  9. Restaurar el impuesto de sucesiones y donaciones con un mínimo exento, para que solo lo costeen los grandes patrimonios.
  10. Reducción progresiva del IVA hacia tipos más bajos. Se tratará de reducir paulatinamente el IVA en los tipos general y reducido y se incluirán más artículos considerados de primera necesidad a los tipos reducido y superreducido. Con esto se fomentará el consumo y ayudará a las medidas de reactivación de la economía interna sin ahogar más a las pymes además de lograr una mayor equidad fiscal.
    1. Esta medida se puede combinar con la ecotasa social fronteriza valorando la reducción del IVA solo para productos nacional. [20]
  11. Impuestos especiales al lujo. Concretamente dirigido hacia los poseedores de grandes piscinas, yates, deportivos de gama alta, jets privados o fincas rústicas de grandes dimensiones. La posesión de cada uno de estos bienes considerados de gran lujo se grabará con un impuesto especial adicional.
  12. Armonización progresiva de los tipos para PYMEs y autónomos en función del volumen de negocio, de las acciones negociadas y de la antigüedad.
    1. Reducción del impuesto de sociedades para PYMEs, en el tipo reducido para ayudar a su supervivencia y solvencia durante la crisis (actualmente en el 25% podría pasar al 20%).[21]
    2. Impuesto de sociedades progresivo
  13. Armonización fiscal en todo el territorio nacional que evite agravios comparativos entre CCAA.
    1. Eliminar las diferencias entre el impuesto de sociedades del País Vasco y el resto del territorio.
    2. Eliminar las diferencias en los tramos autonómicos del IRPF.
    3. Restaurar el impuesto de sucesiones y donaciones por igual en todas las CCAA.
  14. Eliminar las deducciones fiscales por la compra de primera vivienda. Nuevamente el objetivo es acelerar el ajuste de precios tan rápido como sea posible a la vez que se refuerza la oferta de alquiler hasta niveles europeos. (La media europea es del 39% mientras que en España solo del 13%, todo lo contrario a Alemania, 57%).
    1. Retirar las reducciones en el IVA para la compra de vivienda. [22]

LAS MEDIDAS EN SU CONJUNTO PERSIGUEN INCREMENTAR LOS INGRESOS TRATANDO DE QUE LA CARGA FISCAL AFECTE SIEMPRE LO MÍNIMO POSIBLE A LAS CLASES MEDIAS Y BAJAS AJUSTANDO TODO LO POSIBLE LA PRESIÓN FISCAL.

III. Vivienda[editar]

  1. Reforma de la ley hipotecaria, estableciendo la dación en pago con carácter retroactivo, además de la anulación de los embargos a viviendas ya pagadas que hubiesen servido de aval de hipotecas de familiares cercanos.
    1. Establecimiento de la dación en pago con carácter retroactivo.
    2. Anulación de los embargos a viviendas ya pagadas que hubiesen servido de aval de hipotecas de familiares cercanos.
  2. Creación y gestión de un extenso parque de viviendas de protección oficial.
    1. Garantizar el acceso a un parque de viviendas en régimen de alquiler protegido a aquellas familias que no puedan hacer frente al pago de hipotecas y pierdan su piso.
    2. Gestión estatal del stock de pisos a los que bancos y promotoras no pueden dar salida hasta su liquidación y subasta, proveyendo de mecanismos de realojamiento en un inmueble de protección oficial a la familia que habitase en las mismas.
  3. Ayudas y beneficios fiscales para la inserción social y la emancipación para aquellas familias y jóvenes con imposibilidad de pagar las cuotas mínimas de alquiler.

IV. Empleo[editar]

  1. Derogación de la reforma laboral aplicada por los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP. El objetivo es substituir las leyes vigentes por otras que produzcan incrementos en el salario real impulsando así, la recuperación económica desde la base de incrementos en la demanda agregada. Además se recuperarán los derechos perdidos en las reformas recientes.
  2. Reparto del trabajo como solución al paro reduciendo jornadas y edad de jubilación.
    1. Cumplimiento estricto de las jornadas laborales mediante una firme inspección laboral. Para ello se darán facilidades a aquellos trabajadores que deseen denunciar anónimamente extensiones indebidas y no retribuidas de su jornada laboral o que se vean forzados a realizar horas extras sistemáticamente y sin posibilidad de negarse a ello.
    2. Primar la jornada intensiva por encima de la jornada partida. En España la jornada partida es dominante perjudicando a nuestra productividad y eficiencia además de impedir la conciliación familiar. Hay que combatir la cultura del presencialismo.
    3. Reducir la edad mínima de jubilación hasta los 60 años permitiendo así la entrada de más trabajadores jóvenes al mercado laboral. Se flexibilizará el límite por arriba para aquellos que deseen y puedan seguir vocacionalmente.
    4. Reducción progresiva de la jornada laboral hasta alcanzar las 30h. Con medidas como esta se pretende reducir el desempleo y fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar a la vez que incrementar la productividad y la eficiencia energética al reducir el número de desplazamientos y el tiempo de apertura de los edificios de oficinas.
    5. Reducción de jornada completa a jornada parcial a petición voluntaria con reducción de sueldo. Todo trabajador podrá solicitar reducciones de jornada o excedencias de duración limitada sin necesidad de causa alguna con el único requisito de tener unos mínimos de antigüedad.
  3. Simplificar las modalidades contractuales e imposibilitar la concatenación de temporales. El objetivo es dotar del mismo grado de protección a todos los trabajadores lo que ayudaría a que la economía fuese más productiva, podría facilitar la transición hacia un modelo productivo menos basado en la hostelería y el ladrillo. Sobre el contrato único.
  4. Nueva legislación sobre EREs que los restrinja si la empresa tiene beneficios para terminar con los despidos injustificados. Tendría en cuenta los beneficios obtenidos, pero también el pago de dividendos, los bonus, las diferencias salariales, así como el número de altos directivos de la empresa.
  5. Potenciar la carrera investigadora.
  6. Desarrollo de programas de formación, renovación y adaptación a las TIC a parados de larga duración y a profesores para que adapten y modernicen los métodos de enseñanza actuales.[23]
  7. Mantener los subsidios a los parados de larga duración con la única condición de acudir a los programas de reciclaje para capacitarlos para los programas estatales de recuperación económica.[24]
  8. Legislación que termine con los abusos de los falsos autónomos y de las subcontratas. Inspeccionar con rigor aquellas profesiones en las que dicha práctica es habitual, como la arquitectura o las telecomunicaciones.
  9. Establecimiento de un ratio mínimo de gasto laboral por beneficio a las grandes empresas.
    1. Para el contexto presente de crisis es especialmente importante aumentar el salario real e impulsar una estrategia de revitalización de la demanda interna, dada la evidencia empírica de la existencia de un régimen de crecimiento dirigido por los salarios [1].
    2. Se regularía el establecimiento de provisiones anti-cíclicas (como fracción de los beneficios) a nivel de empresa enfocadas a reducir las oscilaciones de salarios reales provocadas por el ciclo económico permitiendo sendas de ingreso-consumo estables.[25]
  10. Regulación de las escalas salariales limitando los bonus y las diferencias salariales.
    1. Legislación que garantice la igualdad de derechos y condiciones en el ámbito laboral para cualquier persona.
    2. Sanciones a empresas cuya distribución salarial sea muy desigual, siendo penalizadas todas las que queden por encima del coeficiente de Gini del 25% (Nivel escandinavo).
    3. Establecimiento de una diferencia máxima de 10 a 1(*) entre el mejor y el peor retribuido dentro de una misma empresa.
    4. En todo salario deberá tener siempre más peso el sueldo base que los complementos potenciales.[26]
  11. Reconversión del sistema/modelo productivo actual basado en la construcción y los servicios, a otro basado en la alta tecnología y la investigación puntera.
    1. Incremento de la participación española en los proyectos científicos de alcance internacional.
    2. Creación de proyectos estatales de desarrollo científico y tecnológico que modernicen el país y lo preparen para una economía baja en carbono, energéticamente eficiente y de alto valor añadido.[27]
  12. Retribución de pensionistas y empleados públicos a través de la nueva banca pública.
    1. Fin de las congelaciones en salarios y pensiones nominales
    2. Fomentar el uso extenso de la banca pública para ingresar en ella todas las pagas a funcionarios, becarios, parados, pensionistas y toda ayuda a pymes y cualquier instituto público así como ayuntamentos, CCAA y cualquier otro órgano de la administración.[28]
  13. Regulación de la gobernanza empresarial.
    1. Representantes de los trabajadores en el consejo de administración según el tamaño de la empresa. Aumentando su peso cuanto más grande sea.
    2. Regulación del poder de los grandes accionistas. Los pequeños accionistas tendrán derecho a votar representantes telemáticamente para que asistan en su nombre a las juntas.
  14. Fijación de salarios que tenga en cuenta la inflación y la contribución social y no tanto la productividad y el valor añadido del trabajado al sector privado. (multiplicador por bienestar común)

V. Proteccionismo y comercio exterior[editar]

  1. Penalizar las importaciones según su grado de responsabilidad ambiental y social.
    1. Creación de una ley orgánica española para que las empresas multinacionales que disponen de unidades de producción en los países de bajos salarios y baja protección medioambiental sean consideradas responsables de los daños imputables a sus filiales y subcontratas. La aprobación de esta ley ha de permitir imputar a las casas madre, tanto si tienen su sede en Europa como fuera de Europa, implicando sanciones que graven con aranceles o que directamente prohíban los productos fabricados violando las normas internacionales. De este modo la justicia tendrá la posibilidad de perseguir a una empresa por faltas graves cometidas en el extranjero en materia de contaminación o por poner en peligro la vida de sus trabajadores o los de sus filiales.
  2. Política desglobalizadora y «ecosocialdiplomacia comercial».
    1. Negociar la inclusión en los tratados de libre comercio de la OMC, de un paquete de nuevas condiciones no mercantiles, a fin de garantizar que la competición no se haga en detrimento de la participación del trabajo en el total de las rentas y de la calidad del medio ambiente.
    2. Creación de mecanismos internacionales de control y auditorías de prácticas comerciales, a fin de detectar maniobras de dumping comercial debido a precios bajos, o por la inadecuación de las prácticas laborales de los países de origen a las normativas de derechos humanos y de los trabajadores.
    3. Promover la creación de unaagencia europea sanitaria, social y medioambiental encargada de calcular el coste ecológico y social de los productos extranjeros según criterios transparentes (normas sociales de la Organización Internacional del Trabajo, kilómetros de carbono, etc.). Dicha agencia establecerá el “justo coste del carbono”, pero también el coste sanitario y social, producto por producto, proponiendo a la Unión Europea medidas antidumping.
  3. Recuperación progresiva de la política monetaria y cambiarla.
    1. La instrumentación será dinámica y flexible y servirá como mecanismo de control del suministro de dinero en la economía y de regulación de nuestra balanza comercial, siguiendo un proceso adaptativo al entorno macroeconómico.
    2. La única regla de actuación, sobre la que se generará compromiso es un objetivo inflacionario nacional a conseguir por el Banco Central de España en la franja del [3-6%] [29].
    3. No se priorizará la estabilidad de precios al crecimiento, abandonando así las políticas neoliberales de contención de precios de los últimos 30 años.
    4. Se utilizará una función de reacción para el tipo de interés, que permita aumentar los niveles de inflación de forma automática cuando el producto caiga por debajo de ciertos niveles.
    5. Estudio de la posible emisión de una moneda social 100% electrónica con vocación substitutiva de la moneda vigente.
    6. Estudio de la posibilidad de negociar un cambio de normativa para el BCE que nos haga ganar soberanía en el seno del Euro y de su política monetaria.
    7. Estudiar la salida del Euro y la convocatoria de un referéndum sobre su permanencia asociado a ello.
    8. En caso de abandono del Euro, elaboración de un régimen monetario intraeuropeo para organizar la reabsorción de los desequilibrios comerciales en el seno de la UE.
  4. Limitar las emisiones de deuda en función del % del PIB y de los volúmenes adquiridos.
    1. La deuda emitida a mayoristas tendrá un límite fijado en función del PIB siendo obligado emitir el resto de deuda a minoristas o en forma de otros instrumentos vía banca pública.
    2. También estarán limitados los compradores según volumen dispersando así el número de compradores de tal manera que no pueda haber una fuerte dependencia de ninguno concreto.
    3. Reestructuración de la deuda publica existente, incluyendo intereses sobre títulos y plazos.
  5. Potenciar la producción local, la transferencia de consumo y el comercio regional.
    1. Apoyo a la transferencia de consumo nacional, al comercio regional y a los productos locales, como ejemplo de comercio justo y sostenible, frente al derroche de alimentos. Incrementar la información del contenido social y medioambiental de los productos que son ofrecidos a los consumidores, mediante la institucionalización de los sellos y certificaciones sociales y medioambientales.
    2. Prohibición de la comercialización de aquellos productos que no cumplan mínimos estándares ecológicos o de derechos laborales.
    3. Invocar desde ahora el artículo XX del GATT, que concede derogaciones de las obligaciones del tratado de la OMC si están en juego «la protección de la salud y de la vida de las personas y de los animales o la preservación de los vegetales» y «la conservación de los recursos naturales agotables», a fin de imponer prohibiciones de comercializar o tasas arancelarias sobre los productos procedentes de países que violen las obligaciones del Protocolo de Kyoto, que lucha contra el cambio climático.[30][31]

VI. Industria, energía y recursos[editar]

LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DE ESTE CONJUNTO DE MEDIDAS SON DISMINUIR LA DEPENDENCIA DEL PETRÓLEO PARA MEJORAR LA BALANZA COMERCIAL Y REDUCIR ASÍ LA TASA GENERAL DE INFLACIÓN EQUIPARÁNDOLA, TANTO COMO SEA POSIBLE, A LA TASA DE INFLACIÓN SUBYACENTE.

  1. Ley de garantías que obligue al fabricante a alargar la durabilidad de sus productos.
    1. Desarrollo de tejidos y fibras más resistentes para el sector textil.
    2. Uso de piezas estándar y fabricación más modular que facilite el reciclaje y la reparación.
    3. Servicios técnicos de reparación obligatorios para aquellos bienes con garantías de dos años o más.
    4. Desarrollo de baterías de mejor calidad y duración.
    5. Reducción de la producción de bienes de usar y tirar como las bolsas de plástico.
  2. Transición hacia medios de transporte de bajo consumo.
    1. Reducción del peso del transporte de mercancías por carretera en favor del ferroviario. Reducción del número de horas en carretera para los transportistas. Esta medida reduciría la accidentalidad y la sobrecarga de trabajo así como el reparto gradual del trabajo en el sector del transporte. El encarecimiento del transporte por carretera debido al aumento de los costes laborales y de combustible haría más competitivo el transporte ferroviario, lo que retroalimentaría el proceso.
    2. Fomento de la movilidad urbana sostenible y del urbanismo de alta y media densidad en detrimento de las urbanizaciones de baja densidad más difíciles de abastecer.
    3. Programa de modernización y extensión de las redes de metro y autobuses para conectar los extrarradios entre sí y no solo con el núcleo urbano y solventar los problemas del diseño y planificación ineficiente de gran parte de las ciudades españolas.
    4. Programa de I+D+i específico para el desarrollo y producción masiva de medios de transporte eléctrico colectivo que permitan reutilizar la infraestructura vial vigente. Se otorgarán beneficios fiscales a las empresas que desarrollen nuevas tecnologías en ese sentido.
    5. Elevar el montante de la tasa ecológica por emisión de carbono hasta reducir y desincentivar el tráfico motorizado por carretera, tal que contribuya a financiar el desarrollo de la infraestructura sostenible.
    6. Descongestionar las ciudades restringiendo el tráfico rodado a combustión y ampliando las zonas 30 y los carriles bici hasta cubrir un 70% del espacio circulable.
    7. Fomento del uso de vehículos de tamaño reducido y de tracción eléctrica en régimen de alquiler puntual en vez del actual modelo de vehículo en propiedad.
    8. Establecimiento con las empresas automovilísticas de acuerdos de reconversión de sus plantas para proveer al país de esta nueva generación de vehículos eléctricos y públicos.
    9. Disminución de la limitación de velocidad en las entradas a las grandes ciudades a 80km/h.
  3. Desarrollo e implantación de las energías renovables y de la microgeneración distribuida.
    1. Creación de una red inteligente de distribución de energía adaptada a la microgeneración descentralizada de fuentes renovables de suministro variable.
    2. Financiación de un plan nacional de reindustrialización a gran escala para transformar la producción eléctrica nacional y generar una industria propia de fabricantes e instaladores de renovables.
    3. Facilidades para la microgeneración, promocionando la adaptación y reconversión de tejados y fachadas, y la creación e implantación de empresas relacionadas con dicho sector.
    4. Facturación eléctrica universal adaptada a los nuevos clientes/productores. La factura constará de una parte fija de mantenimiento de la red a la que se le sumará el balance neto resultante de la diferencia entre producción y consumo de la vivienda. La factura podría resultar incluso negativa una vez amortizada la financiación, si la hubiese.
    5. Amplio programa de I+D para la fabricación de mecanismos de acumulación energética mejores y más baratos que trabajen en conjunción con la red eléctrica inteligente.
    6. Establecimiento de acuerdos estratégicos con aquellos sectores que puedan ayudar al desarrollo de las energías renovables, pymes, empresas de la construcción y de alta tecnología.
  4. Programas de ahorro energético, reducción del consumo de materias primas y contra la deslocalización industrial.
    1. Políticas de envasado más estrictas que minimicen la huella ecológica.
    2. Procesos de producción enfocados al reciclaje.
    3. Limitación en el grado de iluminación de viviendas, tiendas, calles y carreteras y en las instalaciones de edificios de obra nueva. Eliminación de las bombillas incandescentes, apagado nocturno de escaparates y oficinas. (Ref: [1] )
    4. Las empresas que se ubiquen lejos de las áreas residenciales de sus trabajadores deberán proveer de transporte colectivo a sus trabajadores a costes pagados por la empresa.
  5. Adaptar la legislación para corregir las externalidades ambientales en precios y bienes.
  6. Economía de recursos basada en la ontabilidad de la energía.
    1. Incorporación del factor recursos en los nuevos modelos económicos que se desarrollen para planificar las políticas a largo plazo de desarrollo nacional.
    2. Estudiar la manera de vincular la masa monetaria circulante a una determinada cesta de recursos básicos, (Energía, bienes agrícolas, metales básicos) y analizar su conveniencia.
    3. Regulación del crecimiento económico en función de los recursos disponibles. El objetivo es lograr una economía en estado estacionario 100% renovable.
  7. Modelización y previsión económica basada en agentes que incluya caos, heterogeneidad y recursos. Se creará un equipo interdisciplinar a tal efecto formado principalmente por físicos y economistas cuantitativos dedicados exclusivamente a programar un modelo ABM que reproduzca con la máxima fidelidad posible a la economía española. Probablemente, se deberían incrementar las dotaciones presupuestarias al CIS y al INE para recoger más información útil para el modelo. El objetivo del proyecto poder establecer pronósticos y un mejor nivel de planificación económica por parte del estado.
  8. Firme control del consumo de agua en todo el territorio.
    1. Facturas del agua que incentiven su ahorro. Rebajar los costes fijos de las facturas para hacerlas más dependientes del consumo total. Establecer los precios por litro en función de los recursos hídricos de la región. Ya sean naturales (ríos) o artificiales, (embalses o desaladoras).
    2. Limitar el desarrollo de cultivos de regadío, campos de golf y urbanizaciones en las zonas de secano.
  9. Desarrollo de tecnologías médicas y agrícolas avanzadas y nuevos métodos de fabricación.
    1. Agricultura incorporada en edificios, cultivos verticales e hidropónicos, permacultura.
    2. Transición de la fabricación extractiva a la fabricación aditiva. Impresión 3D.
    3. Nanotecnología enfocada a la medicina, al textil y a la fabricación átomo a átomo.
    4. Biotecnología enfocada a la medicina y a la creación de biomáquinas híbridas que descompongan nuestros residuos, purifiquen el aire que respiramos y mejoren la salud.
    5. Fabricación modular en la construcción.
  10. Publicidad con valores éticos y sostenibles. Evaluar la publicidad evitando aquellos spots que transmitan a la población valores que induzcan al derroche de recursos, al egoísmo y al clasismo.

Notas[editar]

  1. Programa desarrollado, Asociación DRY
  2. Nota:Justificar con un análisis técnico: calibración de un modelo de crecimiento que endogenice el oportunismo político, la búsqueda de rentas burocráticas, corruptelas y el impacto de la predación política en el medio-largo plazo.
  3. Nota:Justificar con un análisis que capture las desviaciones entre la representación actual y otras modalidades representativas puras.
  4. Justificar con un análisis econométrico que obtenga estimadores del impacto del e-gobierno en el desarrollo económico.
  5. Nota: Justificar con un análisis métrico-estadístico, que obtenga estimadores del impacto de la profundización democrática en el crecimiento económico, proyecciones de los efectos de subidas en el índice de calidad democrática/institucional de Kauffman sobre la evolución económica.
  6. Se presentarán varias propuestas al respecto, siempre considerando estudios técnicos que demuestren la viabilidad y que, ante todo, optimicen la calidad de vida de todo ciudadano y respeten la igualdad absoluta de derechos y deberes para todo ciudadano establecido en el Estado español.
  7. Nota: Analizar la fusión federal con otros estados como Portugal analizando las consecuencias a nivel político, capitales administrativas, política lingüística, reconfiguración regional etc. Evaluar sus consecuencias económicas. Supresión de solapamientos administrativos y aligeramiento administrativo.
  8. Nota: Con el fin de reindustrializar España, firmar acuerdos estratégicos industriales con distintos países de la UE (especialmente Alemania), definiendo veinte sectores en los cuales tenemos un interés industrial común, y establecer colaboraciones para relanzar la innovación que a día de hoy es imposible lograr y sostener por separado.
  9. Nota: Este artículo, equivalente al artículo 123 del tratado de Lisboa, prohíbe directamente a los gobiernos nacionales o a cualquier otro organismo público recibir financiación del Banco Central. Al mismo tiempo que obliga a los países firmantes del tratado a recurrir necesariamente a los préstamos de los grandes bancos internacionales privados para costear todos los gastos del Estado. La anulación de este artículo firmado en el año 1992, marcaría una diferencia básica entre la financiación pública o privada, donde nuestro Banco Central Nacional, el Banco de España, podría prestar al gobierno ese dinero necesario para solventar la crisis sin interés (o con un pequeñísimo diferencial) y la Banca internacional tiene la costumbre de hacerlo a un interés inestable, que oscila entre el 5, el 8 o incluso al 17% anual, como en el caso de Grecia.
  10. Al respecto, puede consultarse el documento “100 propuestas de ciudadanía” elaborado por la AUME: http://scr.bi/MGyhdF
  11. Analizar la contribución de este tipo de productos financieros a la volatilidad bursátil
  12. Analizar el efecto de la Banca Pública a través de una extrapolación estadístico-estructural del modelo de Banca Pública de Dakota del Norte y sus interacciones con el empleo regional
  13. Analizar el impacto de la financiarización y su relación con la crisis
  14. Analizar el impacto dinámico que tiene el daño moral no sancionado en los incentivos de los pobladores de una sociedad, tasas de criminalidad, etc.
  15. Analizar el impacto que tendría en el crecimiento, distribución carga fiscal y eliminación de restricciones en política monetaria digitalizar 100% la masa monetaria y el aumento de control por parte de la HP.
  16. Analizar el impacto que tendría en el crecimiento y la innovación, la eliminación de restricciones de crédito.
  17. Analizar el efecto crowding-out de capital que supondría no coordinar esta medida con otros países de nuestro entorno vs el efecto negativo de la volatilidad bursátil (manteniendo el escenario actual sin tasa)
  18. Analizar en términos de distribución de la riqueza y crecimiento futuro, el impacto que tendrían las medidas de progresividad en un modelo de equilibrio general con agentes heterogeneos y las sendas de transición al nuevo equilibrio ‘’equitativo’’
  19. Analizar las consecuencias de restringir-redigir el comercio internacional en base a este tipo de esquema y las necesidades de importaciones que quedarían descubiertas.
  20. Analizar el efecto propulsor en la demanda interna que tendría una reducción en los tipos de consumo.
  21. DATOS: Coste de las deducciones al 25% según presupuestos 2012 586 millones de € Tipo normal, 30%. Coste de reducir la deducción del 25 al 20% - 600 millones más. Coste de reducir la deducción al 22,5% - 300 millones más
  22. DATOS: Coste de las deducciones según presupuestos 2012 2.500 millones de €. Coste estimado de la eliminación de las reducciones en el IVA 1.000 mill. de €.
  23. Analizar el impacto que tiene una reducción del sesgo no-tecnológico, de la formación de los trabajadores y estudiantes, en su carrera profesional. ¿Qué nivel de vida extra se genera por estar bien adaptado al entorno TIC?
  24. Estudiar el efecto que tienen los subsidios a los parados en términos de equidad y eficiencia en modelos de bienestar agregado. La idea es generar resultados que justifiquen que las ganancias en equidad compensan las pérdidas de eficiencia. Analizar las diferencias con respecto a una política de renta básica universal.
  25. Estudiar a escala planetaria si el régimen mundial de crecimiento está dirigido por los salarios o por los beneficios así como la bondad de esta medida para el conjunto del mercado de trabajo global
  26. Estudiar cuales son las diferencias salariales en las empresas que dan como resultados ginis bajos.
  27. Estudiar cuales son los spillovers espacio-temporales del capital humano a escala regional y nacional a la hora de provocar transformaciones estructurales.
  28. Estudiar el ahorro que esta medida supondría anualmente para las arcas del estado.
  29. Queda pendiente de estudio cual sería el rango de inflación deseada para una óptima recuperación así como el de los efectos de una salida del Euro.
  30. regulación climática Kyoto
  31. Financiación global de la política climática

Véase también[editar]

Fuente[editar]

  • Asociación Democracia Real Ya - Programa desarrollado y objetivos políticos - Asociación DRY, publicado bajo licencia CC BY-SA 3.0

Enlaces externos[editar]